El Ayuntamiento tendrá que indemnizar a una arquitecta contratada por el Gobierno anterior con casi 55.000 euros

El alcalde de Torrox, Francisco Muñoz, ha anunciado que estudiarán si existe responsabilidad patrimonial de algún miembro del Gobierno anterior por sus negligencias en la gestión de esta contratación

El Juzgado de lo Social 4 de Málaga ha estimado la demanda que presentó la arquitecta, María Jesús Ariza Quintana, con cuya empresa el Gobierno presidido por Izquierda Unida en la legislatura 2007- 2011 en el Ayuntamiento de Torrox, contrató los servicios de asesoramiento cuyo final, según el contrato firmado la alcaldesa Antonia Claros, era el 14 de agosto pasado.
La citada profesional estuvo prestando sus servicios en el Ayuntamiento con un contrato de servicios usando dependencias, materiales y vehículos municipales, en jornada completa y realizando funciones propias de su categoría profesional percibiendo una compensación económica mensual de 4.171,25 euros.

Esta vinculación con la administración torroxeña ha motivado que el Juzgado de lo Social haya estimado la demanda por despido improcedente condenando al Ayuntamiento a abonar a la trabajadora 23.463 euros en concepto de indemnización y 139,04 euros diarios en el periodo desde la fecha de finalización del citado contrato (14 de agosto de 2011) hasta que le ha sido notificada la sentencia (en marzo de 2012), lo que conlleva un montante de unos 55.000 euros.
El alcalde de Torrox, Francisco Muñoz, lamenta esta situación que “viene a perjudicar aún más la maltrecha situación de la economía municipal. Evidentemente no podíamos mantener en la plantilla a una arquitecta cuya labor es innecesaria en estos momentos en los que los dos arquitectos con los que cuenta el Ayuntamiento pueden atender el servicio. Nuestra sorpresa se ha producido cuando hemos conocido las condiciones de la contratación que han derivado en la correspondiente condena al Ayuntamiento”.

Ante esta situación, Muñoz ha informado que “vamos a estudiar si existe responsabilidad patrimonial de la alcaldesa o del concejal de Urbanismo en la etapa en la que se produjo esta contratación por la negligencia en la gestión que realizaron en la misma ya que los ciudadanos y las ciudadanas de Torrox no pueden estar soportando el coste de este tipo de contratos gestionados de manera tan irresponsable por la alcadesa y el concejal de urbanismo, ambos de Izquierda Unida ”.

Según la sentencia del Juzgado de lo Social: la demandante se encontraba “realizando labores de su categoría de arquitecto, puesto que realizaba funciones de su categoría, teniendo su lugar de trabajo conocido por todos, tiene sus vacaciones como los demás, ya sean funcionarios o personal laboral y no asumía riesgos propios aunque se camuflase el salario bajo apariencia de emitir facturas “. La sentencia ha sido recurrida por el Ayuntamiento.